ALMIRANTE BROWN, Febrero 13, (PUNTO CERO-Inforegión) Existen indicios firmes de la participación activa de algunos de los ediles de ese sector en la ocupación ilegal de tierras en Claypole y de la interrupción del tránsito de trenes en Longchamps. También, sobre que fueron los primeros en interpretar como una criminalización de esos episodios a los planteos judiciales con que fueron replicados. Al menos así se desprende de su rápida retirada y de su esfuerzo de borrar sus huellas del lugar de los hechos.
Concejales del Frente para la Victoria están empeñados en desvincularse de las dos recientes protestas sociales que se desarrollaron virtualmente en simultáneo durante la semana que pasó, ni bien cayeron en la cuenta de los planteos judiciales con que fueron replicadas y acaso en un intento por escapar de la casi segura criminalización de ellas para neutralizar su efecto político, del que también pretendieron tomar presurosa distancia.
Contaron a su favor con la extrema cautela del oficialismo municipal que echó mano a su clásico libreto ortodoxo de laissez faire, laissez passaire, para dejar que sea la Justicia la que actúe y evitar así complicarse, en momentos en que bastante tienen en esa materia con los propios desaguisados de la gestión que viene cumpliendo el diputado nacional Jorge Villaverde por inducción sobre el intendente Manuel Rodríguez.
También porque parte de ellos se explican por la cuestionada política de tierras desarrolladas por el Municipio desde el área pertinente, que no está libre de sospecha acerca del mismo funcionamiento amañado que suelen expresar el resto de las dependencias luego de dos décadas de poder en manos del villaverdismo. Que más del 40 por ciento del personal del Concejo Deliberante prestando servicio en otras reparticiones, es el ejemplo incontrastable de algunas de las situaciones que mantiene encerrado en su silencio al grueso de los funcionarios sin que puedan explicar lo inexplicable. A menos que se deba convalidar como respuesta, la que el titular de ese cuerpo, Alejandro Torres, transmitió a la prensa amiga sobre el artículo en que se dio cuenta de esa información. “Se fueron al carajo”, susurró a un medio local, entre dientes de su prominente ortodoncia .
Pese al hermetismo de ese sector de la oposición y al hierático estilo utilizado para inculpar a un oficialismo sospechosamente manso frente a estos dos temas, Info Región pudo reconstruir los entretelones que los rodearon.
El domingo 28 de enero comenzó a cobrar cuerpo la ocupación ilegal de las tierras ubicadas en la intersección de la avenida Monteverde y Figueroa de la localidad de Claypole, en las inmediaciones del complejo habitacional Don Orione.
Incluso a los avezados militantes del PJ, que trabajan como funcionarios municipales y ejercen un estricto control y vigilancia sobre ese tipo de movimientos desde fines del 2001, les cuesta determinar el origen exacto de lo que comenzó siendo un traslado de hormiga de algunas familias para convertirse en un hecho caótico con el correr de los días l y hasta su desalojo por orden judicial la mañana del pasado 6 de febrero.
“Todo arrancó con dos grupos pequeños que sumaban entre 20 y 30 personas, identificados con la Corriente Clasista y Combativa y el MTD-Aníbal Verón, pero con el correr de los días se sumaron gente del barrio Las Rosas, Martín Fierro y Los Pinos, ubicados detrás de Don Orione”, aseguró uno de ellos que pidió expresa reserva de sus datos y que dudó en confirmar, como sostenían algunas versiones, la presencia de militantes del “Movimiento Libres del Sur.”
“Eso es seguro”, sostuvo al ser interrogado sobre la existencia de un móvil político detrás de la ocupación, encarnado por alguna figura local. Declinó sin embargo proporcionar datos que permitiesen prefigurar de quién – o quienes- podría tratarse.
“Creo que alguien, tal vez desde el gobierno provincial, les pasó un dato confuso y por eso les salió mal”, fue cuanto agregó en ese sentido. “Si el desalojo no se pudo concretar antes, es porque desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora demoraron en presentar en el juzgado sus títulos de propiedad sobre el predio” acotó para añadir con sorna: “Parece que no los encontraban.”
Desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación dieron otra versión de los hechos. “Tenemos detectada la participación de la concejal Norma Warrell y de Ana Geneyro”, aunque también evitaron abundar en detalles.
Resultó, no obstante, un indicio que una de las cronistas de Info Región que acudió hasta Claypole para realizar la cobertura periodística de la toma, recibiese el testimonio de una mujer que se presentó como Juana y que afirmó tener “todo el apoyo de la concejal Warrell”. Una hora después, la misma persona se contactó con la periodista para desdecirse y asegurar que la edil no tenía ningún vínculo con la ocupación.
También con reserva de su identidad, un concejal del Frente ejerció la defensa de Warell y de su potencial par de bloque, si se confirma que Geneyro es precandidata a ese cargo por el sector liderado por el diputado provincial Darío Giustozzi. “No creo que las chicas tengan relación alguna. Sí creo, en cambio, que es cuestionable la actitud pasiva adoptada por el Municipio. Si las tierras tienen dueño deberían exigirle que las cerquen y las limpien. Si no responden a la intimación tienen el recurso de facturárselo en su boleta de tasas por servicios generales.”
Desde el gobierno local recogieron el guante como pudieron: “Los intimamos y no nos dieron pelota. Si tuviésemos presupuesto cercábamos nosotros”, se lamentó la fuente, sin caer en la cuenta que desnudaba una vez más la peligrosa laxitud de las autoridades para interpretar y aplicar las normas vigentes. Un paradigma que, como en el caso de la fatua polémica sobre Isabel Perón y la Triple A, suele entrañar el riesgo de involucrar más de la cuenta a quien ponga en marcha la rueda que obligue a asumir responsabilidades.
Su procedimiento resultó diametralmente inverso en el caso de Longchamps. David Coronel, imputado en la causa penal abierta por el titular de la comisaría Cuarta, Capitán Daniel Del Grecco, hizo saber a sus compañeros del Movimiento Evita de Longchamps sobre su decepción por el comportamiento - que juzgó incorrecto - del concejal Eduardo Fabiani.
Fuentes del kirchnerismo recalcaron que el reclamo de un paso sobre las vías del ex Ferrocarril Roca en esa localidad, a la altura de las calles Monte Santiago y Japón, tiene un largo historial de reclamos a Metropolitano, actual concesionaria del servicio de trenes, y al propio Municipio. Incluso recordaron que en julio del año pasado, el Concejo Deliberante envió al Departamento Ejecutivo una resolución en la que solicitó que lo tramitase ante esa compañía. Un trámite que, según sostienen desde allí, habría cumplido con indolencia.
También afirmaron que Coronel y los vecinos que lo acompañaron en la interrupción del tránsito sobre las vías, se reunieron una semana antes del 5 de febrero con el propio Del Grecco para ponerlo al tanto de la protesta que desarrollaron finalmente ese día. El funcionario policial no habría expresado oposición durante la reunión que mantuvieron.
De ahí la sorpresa de Coronel cuando recibió la citación para concurrir a la comisaría de Longchamps, luego de mantener el pasado lunes por la tarde un encuentro con el secretario de Gobierno, Alberto Auruccio, en la que el funcionario se comprometió a acompañar el reclamo ante Metropolitano.
Allí fue notificado del proceso judicial en su contra y desde ese momento, según contó en su entorno, comenzó su búsqueda infructuosa de Fabiani, quien personalmente había advertido a la prensa de la movilización de los vecinos para hacer público su reclamo.
Coronel, a quien muchos caracterizan como una persona vehemente, no supo determinar en dependencias policiales quién le había abierto la causa en la secretaría Nº 6 del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora y creyó - tal como subrayó que le habría dicho Del Grecco - que había sido Metropolitano.
La intervención de otros ediles del kirchnerismo que le procuraron asistencia legal, le permitió establecer que había sido el propio Del Grecco el que la impulsó para cubrirse, según habría revelado horas después a Marta Arriola, subsecretaria de Participación Comunitaria de la cartera de Seguridad bonaerense.
No existen por ahora constancias que Metropolitano vaya a litigar a Coronel y algunos dirigentes de la oposición dejan trascender su certeza que el proceso se habría iniciado a instancias de la presión ejercida desde la Municipalidad. Presuntamente por Auruccio.
Hay otros que expresan una peculiar lectura de los hechos: “Es sintomático que el sector de Giustozzi aparezca ligado a los dos hechos que instalaron en la prensa a Almirante Brown, en sintonía con el aislamiento que Darío está padeciendo.
Concejales del Frente para la Victoria están empeñados en desvincularse de las dos recientes protestas sociales que se desarrollaron virtualmente en simultáneo durante la semana que pasó, ni bien cayeron en la cuenta de los planteos judiciales con que fueron replicadas y acaso en un intento por escapar de la casi segura criminalización de ellas para neutralizar su efecto político, del que también pretendieron tomar presurosa distancia.
Contaron a su favor con la extrema cautela del oficialismo municipal que echó mano a su clásico libreto ortodoxo de laissez faire, laissez passaire, para dejar que sea la Justicia la que actúe y evitar así complicarse, en momentos en que bastante tienen en esa materia con los propios desaguisados de la gestión que viene cumpliendo el diputado nacional Jorge Villaverde por inducción sobre el intendente Manuel Rodríguez.
También porque parte de ellos se explican por la cuestionada política de tierras desarrolladas por el Municipio desde el área pertinente, que no está libre de sospecha acerca del mismo funcionamiento amañado que suelen expresar el resto de las dependencias luego de dos décadas de poder en manos del villaverdismo. Que más del 40 por ciento del personal del Concejo Deliberante prestando servicio en otras reparticiones, es el ejemplo incontrastable de algunas de las situaciones que mantiene encerrado en su silencio al grueso de los funcionarios sin que puedan explicar lo inexplicable. A menos que se deba convalidar como respuesta, la que el titular de ese cuerpo, Alejandro Torres, transmitió a la prensa amiga sobre el artículo en que se dio cuenta de esa información. “Se fueron al carajo”, susurró a un medio local, entre dientes de su prominente ortodoncia .
Pese al hermetismo de ese sector de la oposición y al hierático estilo utilizado para inculpar a un oficialismo sospechosamente manso frente a estos dos temas, Info Región pudo reconstruir los entretelones que los rodearon.
El domingo 28 de enero comenzó a cobrar cuerpo la ocupación ilegal de las tierras ubicadas en la intersección de la avenida Monteverde y Figueroa de la localidad de Claypole, en las inmediaciones del complejo habitacional Don Orione.
Incluso a los avezados militantes del PJ, que trabajan como funcionarios municipales y ejercen un estricto control y vigilancia sobre ese tipo de movimientos desde fines del 2001, les cuesta determinar el origen exacto de lo que comenzó siendo un traslado de hormiga de algunas familias para convertirse en un hecho caótico con el correr de los días l y hasta su desalojo por orden judicial la mañana del pasado 6 de febrero.
“Todo arrancó con dos grupos pequeños que sumaban entre 20 y 30 personas, identificados con la Corriente Clasista y Combativa y el MTD-Aníbal Verón, pero con el correr de los días se sumaron gente del barrio Las Rosas, Martín Fierro y Los Pinos, ubicados detrás de Don Orione”, aseguró uno de ellos que pidió expresa reserva de sus datos y que dudó en confirmar, como sostenían algunas versiones, la presencia de militantes del “Movimiento Libres del Sur.”
“Eso es seguro”, sostuvo al ser interrogado sobre la existencia de un móvil político detrás de la ocupación, encarnado por alguna figura local. Declinó sin embargo proporcionar datos que permitiesen prefigurar de quién – o quienes- podría tratarse.
“Creo que alguien, tal vez desde el gobierno provincial, les pasó un dato confuso y por eso les salió mal”, fue cuanto agregó en ese sentido. “Si el desalojo no se pudo concretar antes, es porque desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora demoraron en presentar en el juzgado sus títulos de propiedad sobre el predio” acotó para añadir con sorna: “Parece que no los encontraban.”
Desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación dieron otra versión de los hechos. “Tenemos detectada la participación de la concejal Norma Warrell y de Ana Geneyro”, aunque también evitaron abundar en detalles.
Resultó, no obstante, un indicio que una de las cronistas de Info Región que acudió hasta Claypole para realizar la cobertura periodística de la toma, recibiese el testimonio de una mujer que se presentó como Juana y que afirmó tener “todo el apoyo de la concejal Warrell”. Una hora después, la misma persona se contactó con la periodista para desdecirse y asegurar que la edil no tenía ningún vínculo con la ocupación.
También con reserva de su identidad, un concejal del Frente ejerció la defensa de Warell y de su potencial par de bloque, si se confirma que Geneyro es precandidata a ese cargo por el sector liderado por el diputado provincial Darío Giustozzi. “No creo que las chicas tengan relación alguna. Sí creo, en cambio, que es cuestionable la actitud pasiva adoptada por el Municipio. Si las tierras tienen dueño deberían exigirle que las cerquen y las limpien. Si no responden a la intimación tienen el recurso de facturárselo en su boleta de tasas por servicios generales.”
Desde el gobierno local recogieron el guante como pudieron: “Los intimamos y no nos dieron pelota. Si tuviésemos presupuesto cercábamos nosotros”, se lamentó la fuente, sin caer en la cuenta que desnudaba una vez más la peligrosa laxitud de las autoridades para interpretar y aplicar las normas vigentes. Un paradigma que, como en el caso de la fatua polémica sobre Isabel Perón y la Triple A, suele entrañar el riesgo de involucrar más de la cuenta a quien ponga en marcha la rueda que obligue a asumir responsabilidades.
Su procedimiento resultó diametralmente inverso en el caso de Longchamps. David Coronel, imputado en la causa penal abierta por el titular de la comisaría Cuarta, Capitán Daniel Del Grecco, hizo saber a sus compañeros del Movimiento Evita de Longchamps sobre su decepción por el comportamiento - que juzgó incorrecto - del concejal Eduardo Fabiani.
Fuentes del kirchnerismo recalcaron que el reclamo de un paso sobre las vías del ex Ferrocarril Roca en esa localidad, a la altura de las calles Monte Santiago y Japón, tiene un largo historial de reclamos a Metropolitano, actual concesionaria del servicio de trenes, y al propio Municipio. Incluso recordaron que en julio del año pasado, el Concejo Deliberante envió al Departamento Ejecutivo una resolución en la que solicitó que lo tramitase ante esa compañía. Un trámite que, según sostienen desde allí, habría cumplido con indolencia.
También afirmaron que Coronel y los vecinos que lo acompañaron en la interrupción del tránsito sobre las vías, se reunieron una semana antes del 5 de febrero con el propio Del Grecco para ponerlo al tanto de la protesta que desarrollaron finalmente ese día. El funcionario policial no habría expresado oposición durante la reunión que mantuvieron.
De ahí la sorpresa de Coronel cuando recibió la citación para concurrir a la comisaría de Longchamps, luego de mantener el pasado lunes por la tarde un encuentro con el secretario de Gobierno, Alberto Auruccio, en la que el funcionario se comprometió a acompañar el reclamo ante Metropolitano.
Allí fue notificado del proceso judicial en su contra y desde ese momento, según contó en su entorno, comenzó su búsqueda infructuosa de Fabiani, quien personalmente había advertido a la prensa de la movilización de los vecinos para hacer público su reclamo.
Coronel, a quien muchos caracterizan como una persona vehemente, no supo determinar en dependencias policiales quién le había abierto la causa en la secretaría Nº 6 del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora y creyó - tal como subrayó que le habría dicho Del Grecco - que había sido Metropolitano.
La intervención de otros ediles del kirchnerismo que le procuraron asistencia legal, le permitió establecer que había sido el propio Del Grecco el que la impulsó para cubrirse, según habría revelado horas después a Marta Arriola, subsecretaria de Participación Comunitaria de la cartera de Seguridad bonaerense.
No existen por ahora constancias que Metropolitano vaya a litigar a Coronel y algunos dirigentes de la oposición dejan trascender su certeza que el proceso se habría iniciado a instancias de la presión ejercida desde la Municipalidad. Presuntamente por Auruccio.
Hay otros que expresan una peculiar lectura de los hechos: “Es sintomático que el sector de Giustozzi aparezca ligado a los dos hechos que instalaron en la prensa a Almirante Brown, en sintonía con el aislamiento que Darío está padeciendo.
No logró como quería el apoyo del diputado Carlos Kunkel y los que reúne en su intención de ser intendente son los de (Florencio) Randazzo y (Julio) Pereyra”, ministro de Gobierno bonaerense caído en desgracia tras la frustrada reelección de Solá e intendente de Varela y enemigo acérrimo de Solá, en ese orden.
“Creo que intentó tener iniciativa para lastimar a Villaverde pero a mitad de camino no recibió un guiño o un respaldo como habría esperado. Pero es lógico que no ocurriese después de la polémica con Luis Gerez”, añadió.Daniel Bilotta. (PUNTO CERO-Inforegión).
“Creo que intentó tener iniciativa para lastimar a Villaverde pero a mitad de camino no recibió un guiño o un respaldo como habría esperado. Pero es lógico que no ocurriese después de la polémica con Luis Gerez”, añadió.Daniel Bilotta. (PUNTO CERO-Inforegión).
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