LA PLATA, Abril 20, (PUNTO CERO) La jueza de Ejecución de La Plata Claudia Marengo dispuso la clausura parcial y gradual de la cárcel de la Unidad Nº 35 de Magdalena, ordenó reducir en 300 el número de detenidos, hacer reformas edilicias, mejorar la alimentación de los reclusos y proveer remedios para los convictos portadores de sida
Las acciones pidiendo la clausura de la Unidad Penal 35, incluido el pabellón donde murieron 33 presos en un incendio, se sustentó en diversas falencias existentes en esa cárcel cercana a La Plata.
Así lo informó el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, al notificar que la medida judicial se adoptó luego de los dos habeas corpus colectivos por todos los internos alojados en esa prisión que fueran presentados por ese organismo.
La comisión denunció que el penal "no tenía sistema de protección de incendio para hacer frente a un posible siniestro, por la falta de agua potable en algunos pabellones, la deficiente y peligrosa instalación eléctrica de la penitenciaría, falencias en la atención sanitaria que implicaba la negación del derecho a la salud y a los tratamientos médicos de personas con VIH, basurales a cielo abierto y escasez de alimentos".
La información se contrapuso con un informe del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, quien había asegurado que los servicios en el penal "eran normales".
"La jueza y los peritos de la Asesoría Pericial de la Plata determinaron además que la Unidad no puede ser utilizada para el alojamiento de internos y que no cumple con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que la Corte Nacional ordenó se cumplimenten", se indicó desde el Comité.
Las acciones pidiendo la clausura de la Unidad Penal 35, incluido el pabellón donde murieron 33 presos en un incendio, se sustentó en diversas falencias existentes en esa cárcel cercana a La Plata.
Así lo informó el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, al notificar que la medida judicial se adoptó luego de los dos habeas corpus colectivos por todos los internos alojados en esa prisión que fueran presentados por ese organismo.
La comisión denunció que el penal "no tenía sistema de protección de incendio para hacer frente a un posible siniestro, por la falta de agua potable en algunos pabellones, la deficiente y peligrosa instalación eléctrica de la penitenciaría, falencias en la atención sanitaria que implicaba la negación del derecho a la salud y a los tratamientos médicos de personas con VIH, basurales a cielo abierto y escasez de alimentos".
La información se contrapuso con un informe del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, quien había asegurado que los servicios en el penal "eran normales".
"La jueza y los peritos de la Asesoría Pericial de la Plata determinaron además que la Unidad no puede ser utilizada para el alojamiento de internos y que no cumple con las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos que la Corte Nacional ordenó se cumplimenten", se indicó desde el Comité.
En su resolución Marengo dispuso "que en forma parcializada, se proceda a clausurar la Unidad N· 35 de Magdalena, debiendo efectivizarse esta de a dos Pabellones, empezando por los números 7 y 16, y espacios comunes, hasta tanto se efectivicen las reformas y/o reparaciones que permitan hacer de toda la Unidad un ámbito digno y seguro para el alojamiento futuro de detenidos". (PUNTO CERO).
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