domingo, julio 22, 2007

Proyecto para deudores hipotecarios


BUENOS AIRES, Julio 22, (PUNTO CERO) El presidente del bloque Justicialista Nacional de Diputados, Jorge Sarghini, presentó y solicitará pronto tratamiento para su proyecto de ley que propone una solución definitiva al problema de los deudores incluidos en el régimen de la Ley 25.798, de refinanciación hipotecaria.
La iniciativa establece la posibilidad de una compensación fiscal para que los deudores no tengan que pagar ni un peso más que lo comprometido cuando firmaron las refinanciaciones con el Banco de la Nación Argentina (agente fiduciario del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria) e instruye a la Auditoria General de la Nación iniciar una investigación en el marco de este régimen a efectos de deslindar responsabilidades administrativas y profesionales.
Sarghini sostuvo que “mal se puede plantear una política social de vivienda si no se empieza por proteger la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de quienes con tanto esfuerzo han intentado comprarla”.
En los fundamentos del proyecto se explica que los beneficiarios fueron víctimas de la crisis de 2001, pero además padecieron la incompetencia de los organismos oficiales, que transformaron este régimen en una verdadera estafa.
En la práctica, los pagos que estos deudores efectúan al Banco Nación por las deudas refinanciadas son considerados como depósitos bajo reserva de lo que en definitiva se resuelva en la Justicia. Es el primer caso en la historia en que alguien debe pagar interés por hacer un depósito, que además representa tres veces la tasa de interés pasiva.
La situación en la justicia no es alentadora: en alrededor del 70% de las causas, estarían firmes las sentencias de primera o segunda instancia, en general siguiendo el criterio del esfuerzo compartido (con una relación de entre 2 y 2,5 pesos por dólar, mientras que por la ley 25.798 debía ser 1,23 pesos por cada dólar). “Si el Estado no interviene estos deudores perderán su casa.

En pos de la reconstrucción institucional del Estado, es preciso recuperar el respeto por la seguridad jurídica, empezando por los que menos tienen. Los deudores que ingresaron en el régimen de la Ley 25.798 deben poder cancelar sus obligaciones de acuerdo a lo comprometido oficialmente”, concluyó Sarghini. (PUNTO CERO).

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