jueves, julio 03, 2008

RADIOGRAFIA. SOBRE TUERTOS, DEPORTE Y SEGURIDAD. Por Roberto Subirana

BUENOS AIRES, Julio 03, (PUNTO CERO) Mientras el país todo padece el caos existente en materia de orden general y abastecimiento regular de productos, la deuda que las autoridades vienen arrastrando desde, al menos, poco más de una década, sigue constituyendo un problema no solamente irresuelto sino, no menos importante, sin miras de ser resuelto con la urgencia y efectividad que demanda. Me refiero a la inseguridad de la población frente al accionar de los delincuentes.
Sin dudas, los medios de comunicación encuentran un rentable filón comercial en los casos policiales más conmocionantes. Con independencia de que sean tratados con más o menos amarillismo, real y objetivamente los casos existen. La víctima de la sustracción de sus bienes, los heridos y/o muertos como consecuencia de la violencia de los delincuentes siguen siendo víctimas, más allá del tratamiento mesurado o escandaloso que se dé a su caso.

LAS NOTICIAS, OBJETIVAMENTE
Una noticia decía: "Un custodio privado que estaba prófugo desde hacía siete meses fue detenido en Corrientes acusado de liderar una banda de vigiladores a la que se le atribuyen seis robos en un country de San Fernando. Entre ellos, el sufrido por el tensita Luis Clerc".
Otra señalaba: "Era la misma hora en que Boca y Lanús jugaban en la cancha del "Granate" (Lanús) por la anteúltima fecha del campeonato de fútbol. Aprovechando entonces que el patrullero policial que acostumbra a estar en Remedios de Escalada -en el límite con Lomas de Zamora- estaba esta vez abocado al control de la seguridad en los alrededores de la cancha, dos ladrones desvalijaron a los pasajeros de la línea de colectivos 283 que circula por esa zona del sur del conurbano bonaerense".
Por descontado que, si fuera mi intención -y no lo es- detallar todos los casos similares y/o vinculados a la inseguridad frente al delito, más que una columnita tendría que escribir un muy extenso libro. Por eso, voy a limitarme, provisoriamente y asumiendo, de antemano, que es incompleto y hasta, tal vez, demasiado escueto, a las dos noticias transcriptas más arriba.

CUANDO LA "SENSACIÓN" SE TORNA REALIDAD
Personalmente nunca me sentí ni siquiera cerca de aceptar que la inseguridad era solamente una "sensación", en parte porque deberíamos haber asumido que estábamos frente a un fenómeno extrasensorial, paranormal o como se le quiera llamar que alcanzaba a no menos de 30 millones de argentinos de los, redondeando, 40 que vivimos en este suelo. Ese tipo de fenómenos suele darse en un ambiente, en un espacio acotado y no relativamente demasiado extenso… y la mentada "sensación" ya cundía desde Jujuy a Tierra del Fuego y de la Mesopotamia y la costa atlántica hasta los Andes. Hace años que han dejado de existir los barrios tranquilos y/o los pueblitos en los que "no pasaba nunca nada".
Por lo tanto, al menos para mí, queda claro que, si alguna vez fue "sensación", en los últimos tiempos la inseguridad frente al accionar delictivo es una penosa realidad de la que las autoridades respectivas o no quieren o no aciertan a hacerse cargo.

LA (IN)SEGURIDAD PRIVADA: UN ERROR QUE SE PAGA
Como en prácticamente todas las cuestiones que conciernen a una sociedad, hay diferentes grados de responsabilidad pero, sin dudas, esas responsabilidades están instaladas en casi todos los estratos de esa sociedad. Unos por acción y otros por omisión son muchos los que participan, colaboran, para consumar un hecho social; los que -con una visión más objetiva, más equilibrada del tema- no coinciden con ninguna de las dos posiciones, automáticamente quedan transformados en diferentes, en extraños que son mirados de reojo por las otras dos partes.
A medida que fue creciendo la (errónea) demanda de seguridad privada, fui transformándome en un diferente, en un distinto, en un extraño dedicado -vaya a saberse por qué- a cuestionar esa tendencia y hasta advertir que su crecimiento terminaría marcando el desastre. No por sabio ni por iluminado sino, sencillamente, por una elemental experiencia de vida y un mediano sentido analítico. ¿De dónde surgían los efectivos, las personas, los técnicos y/o profesionales en seguridad para cubrir ese aumento de puestos de trabajo? Si nos referimos a los avisos que publicaban (y, lamentablemente, siguen publicando) los diarios, cualquier ex integrante de una Fuerza Armada o de Seguridad era un postulante aceptable. Por ello, conociendo con alguna profundidad esos ambientes, sabía perfectamente que no era así.
En principio, nadie que haya revistado algunos años en una Fuerza Armada (o de Seguridad, que dependían de las Fuerzas Armadas como, por aquel entonces, eran la Gendarmería y la Prefectura) tenía la capacitación necesaria como para brindar seguridad en un ámbito civil. Estaban formado y capacitados para otra cosa: estar de guardia en una unidad militar ninguna similitud guarda con cuidar la seguridad de un edificio, de un barrio (cerrado o no), de un country. El que violaba las consignas de la Guardia de una unidad militar debía ser reprimido, reducido, detenido. En un edificio, un barrio (cerrado o abierto) o un country lo habitual es que quien viole las "consignas" sea un consorcista o un vecino, familiar o amistad de un vecino. La acción y reacción de un guardia o un guardián no puede ser la misma en ambos casos. Gendarmería y Prefectura, si bien de Seguridad, son fuerzas entrenadas, capacitadas para actuar en zonas de frontera y -sin entrar en detalles profundos, haciendo un trazo en grueso- los civiles con los que conviven los efectivos de ambos organismos, o son vecinos medianamente conocidos… o son efectiva o potenciales delincuentes.
Según una información (del mes de marzo de 2007) solamente entre los meses de enero y agosto de aquel año el número de vigiladores de empresas privadas de seguridad había crecido un treinta por ciento, alcanzando la cifra de 18.644. Dada la tendencia existente, cabe sospechar que, al presente, la cantidad de vigiladores habrá igualado o superado al total actual de efectivos de la Policía Federal.
En aquel momento, 17.218 (92,4%) desarrollan su tarea sin portar armas de fuego, las que sí son portadas por 1.426 vigiladores (7,6%). Los lugares que más utilizan los servicios de estos vigiladores son los barrios (de cualquier tipo), edificios de departamentos (consorcios de propietarios) los countries y las empresas de mediana envergadura. La remuneración que, en aquel entonces, se abonaba a las empresas privadas de seguridad por su servicio oscilaba entre los $13 y los $ 15 por hora, en jornadas de ocho horas por día, lo que implica un desembolso de $ 3.120 a $ 3.600 mensuales por cada consorcio o cliente. Por su parte, los vigiladores percibían una remuneración mensual que, en ese momento, rondaba los $ 1.100,00, en promedio. Cabe asumir que, en los catorce meses transcurridos, tanto los honorarios de las empresas privadas de seguridad como las remuneraciones de los vigiladores (por jornada de ocho horas de labor) algo deben haberse incrementado (hoy el básico ronda los $ 1.600,00).
Para acceder a un puesto de vigilador, según las normas que regulan la actividad, deben tenerse no menos de 21 años de edad, estudios secundarios completos, contar con certificado de aptitud psicotécnica, carecer de antecedentes penales tanto en el país como fuera de él y no ser miembros en actividad de Fuerzas de Seguridad ni de organismos de inteligencia ni haber sido exonerado de ellos. Y también debe cumplir un curso de capacitación que incluye materias sobre derechos humanos, primeros auxilios, legislación, combate de incendios y manejo de equipos de comunicación. Dicho curso tiene 60 sesenta horas de duración (Algo así como tres horas diarias durante veinte días).
Por si no fuese suficiente, no cabe esperar una excesiva, voluntaria y bien predispuesta dedicación al trabajo de parte de los vigiladores privados. La precariedad de sus condiciones laborales, los abusos y las arbitrariedades que deben padecer -tanto de sus empleadores como de consorcistas y responsables de las empresas que contratan sus servicios- no crean un ámbito que resulte atractivo ni muy apto para generar lealtades y contracción a la tarea.
Otros grandes usuarios de los servicios de vigilancia privada son los countries y barrios cerrados. En este caso los vigiladores suelen desempeñar sus tareas armados.
Veamos: los ciudadanos asisten impasibles al desmanejo y/o desmantelamiento de las fuerzas policiales oficiales. Desmanteladas, reducidas en su capacidad operativa, degradadas en la calidad profesional de sus integrantes, las policías oficiales comienzan poder dejar de resguardar la seguridad de los sectores más carentes, con menos poder económico, moradores de núcleos habitacionales precarios, con hacinamiento que es aprovechado por la delincuencia para ocultarse a la vista antes y después de cometer sus ilícitos.
Por contrapartida, los que tienen dinero, recurren a las empresas privadas de seguridad, algo que, en el caso de los edificios de propiedad horizontal, absorbían (a la fecha del informe) de un 20% a un 30% (edificios de medianos a grandes) o hasta el 50% (edificios más chicos) de las expensas mensuales. Supongo que, dependiendo de las respectivas jerarquías habitacionales, los porcentajes serían similares para el caso de countries y/o barrios cerrados y/o barrios con vecinos de clase media alta (económicamente hablando).
Los que no tienen recursos económicos para pagar una seguridad privada… aguantan… sus problemas y el agravamiento que agrega el desmantelamiento de las fuerzas policiales. Quienes sí tienen recursos económicos para contratar los servicios de una seguridad privada, lo hacen… pero nada les garantiza una seguridad de mayor efectividad[i].

¿MODA, SENSACIÓN O REALIDAD?
La contratación de los servicios de empresas privadas de seguridad ¿responde a una moda, a una sensación o tiene realmente alguna utilidad especial?
Comencemos por la seguridad en edificios de oficinas. ¿Qué función de seguridad cumple un vigilador que no porta armas de fuego? Si no estuviese parado en la puerta de acceso del edificio y/o detrás del mostrador de la Recepción podríamos pensar que podría ser un observador alerta que, en caso de emergencia, podría dar aviso a la policía, por ejemplo. Pero, como la puerta de acceso o vestíbulo del edificio es el lugar en el que habitualmente se los ubica, en caso de un asalto se convierte automáticamente -por estar uniformado y sin armas- en la primera víctima del o de los delincuentes y, en no pocas ocasiones, es utilizado para inducir, mediante engaño, a los ocupantes de alguna oficina a franquear el acceso a la misma.
No es muy diferente en los edificios de viviendas. Muchos consorcios han cambiado al tradicional sereno por un vigilador. ¿La diferencia? El sereno había terminado por conocer a todos los habitantes del edificio, sus horarios, sus costumbres y hasta sus caracteres. El vigilador, al margen del uniforme con que lo viste la empresa, por necesidades de su empleador ocasionalmente rota de lugar de trabajo, con lo que es muy posible que nunca termine de conocer todo lo que debería para ser más eficiente que eficaz en su labor.
El otro ítem a considerar son los countries. Por la noticia que reproduje al principio de esta columnita podemos ver que, siendo una situación reiterada, hay que preguntarse ¿qué es más seguro? Porque, si uno va a emplear a un portero, lo usual es que pida antecedentes y referencias de sus anteriores empleos. Pero, en el caso de las empresas privadas de seguridad, difícilmente esto pueda hacerse; se toma el servicio que ofrece la empresa… pero no se cuentan con referencias ni antecedentes del personal que efectivamente lo prestará. Al menos con ninguna que no sea la que, si se le exige, presenta la propia empresa. Naturalmente, ninguna empresa va a admitir que contrata empleados con antecedentes dudosos. Dudosos… tanto en lo concerniente a su capacidad y dedicación como hasta de su honestidad.

LA (IN)SEGURIDAD PRIVADA
Entre los casos en que ha quedado probada (por la justicia) la conducta impropia, deshonesta o, hasta netamente delictiva, de personal de empresas privadas de seguridad y las sospechas que se han generado en otros, en los que no se pudo lograr la evidencia fehaciente, el panorama no luce precisamente alentador.
Asumamos que, como negocio relativamente nuevo, que ha brotado como hongos luego de una lluvia, las agencias privadas de seguridad se mueven en una especie de limbo, con una cantidad de normas y disposiciones que, hipotéticamente, controlan su funcionamiento… pero que prácticamente carecen de organismos efectivos y eficientes para ejercer un estricto control.
Entre otras falencias, esta carencia de controles favoreció el que estas empresas se convirtiesen en receptoras de ex efectivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad que habían sido exonerados de las mismas por conductas impropias, aunque no se les hubiese podido comprobar participación directa (y/o punible) en actos delictivos. También anidaron en las mismas honestos ex efectivos que, pese a haber pasado largos años en fuerzas de seguridad, lo habían hecho en puestos administrativos o de servicios, por lo que carecían de la debida capacitación para desempeñar tareas de seguridad. En síntesis: una persona pudo haber pertenecido 30 años a la Policía Federal o a una policía provincial, pero si los pasó desempeñándose como archivista, mecánico o bombero, difícilmente puede asumir eficientemente una tarea de seguridad, netamente policial.
Simultáneamente, la misma ausencia de controles efectivos no ha podido impedir algunas acciones poco o nada éticas entre las mencionadas empresas privadas, en su feroz disputa por posicionarse en el mercado. Hubo acciones directas con o sin previo espionaje del blanco elegido: robos y asaltos simulados; empleados infieles comprados para permitir o hasta producir irregularidades destinadas a minar el prestigio de la empresa que estaba brindando un servicio en un determinado lugar, a fin de hacerle perder el contrato a favor de la empresa que había tramado la artimaña.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO BASICO DE LA SEGURIDAD?
La otra noticia que encabeza esta entrega, referida a un asalto a los pasajeros de un colectivo, nos muestra otra cara de la distorsión que padecemos en materia de seguridad.
Día a día, ante cada hecho delictivo, escuchamos a ciudadanos clamar por una "mayor presencia policial". Como esas voces surgen de simples ciudadanos, a los que no se les puede exigir un criterio eminentemente analítico, no voy a cuestionar ese reclamo. Aunque sí puedo asegurar que están dejando de lado un aspecto fundamental de la cuestión.
A modo de ejemplo voy a ceñirme al problema de una ciudad, por caso, la Capital Federal (sólo porque el fenómeno es más visible en ella). Las 53 comisarías distribuidas por la ciudad tienen, numéricamente, igual o menor cantidad de efectivos que en los '70. El delito -por las causas que sea- a crecido tanto numéricamente como en gravedad, por los niveles de violencia con que se llevan a cabo y por el brutal descenso de la edad de quienes hallan en el delito una salida a su situación (real o exagerada), a su resentimiento social (mal enfocado porque, habitualmente, se apunta hacia quienes no han generado la asimetría social) o aun a la comodidad del hedonismo y al vacío de ejemplos positivos a imitar. Ante una emergencia, una fuerte necesidad económica (para atender la salud o la alimentación del grupo familiar) muchos hallan más directo, sencillo y efectivo "salir de caño" (realizar robos a mano armada). Una vez iniciado este camino, difícilmente se pueda volver atrás, a menos, en lo inmediato.
Recorriendo las calles, se observa menos presencia policial que la que, aun imperfecta, se podría lograr con la cantidad de efectivos actualmente disponibles. ¿Por qué?
Veamos: Ninguna institución policial puede fabricar efectivos en el momento y a la medida de sus necesidades. Sólo puede disponer de quienes deciden ingresar a sus cuadros… y ello mientras no consigan un trabajo de menos riesgos y mejor remuneración. La mayor violencia en los hechos delictivos refleja el mayor nivel de violencia general que impera en la sociedad y que, por diferentes motivos, va ascendiendo con el paso del tiempo. Obviamente, la violencia latente en la sociedad se muestra, entre otras ocasiones, en el caso de eventos deportivos, específicamente en el fútbol. Las autoridades, más inclinadas a correr tras el hecho consumado antes que en la adopción de políticas preventivas, viene optando, desde hace algunos años, por la filosofía de la frazada corta. Así, vemos que, ante un encuentro futbolístico entre equipos cuyos adeptos (en especial sus respectivas barras bravas) hacen presagiar desórdenes y enfrentamientos violentos, funcionarios profesionalmente tuertos movilizan 600, 800, 1.200 o más policías para "dar seguridad" a dicha reunión deportiva, a pesar de lo cual no logran impedir todos los estallidos de violencia que se produzcan en o como derivación de la misma.
Por lo expresado antes, la lógica nos dice que esos 600, 800, 1.200 o más policías no son fabricados por la Policía Federal (y/o la de la provincia de Buenos Aires) para atender a ese servicio, en forma particular; por lo tanto, los efectivos son provistos por las comisarías, de entre sus respectivas dotaciones (además de los de la Guardia de Infantería, bomberos, etc.). Ergo, si están atendiendo a ese encuentro deportivo, no están en las calles, resguardando la seguridad de los vecinos. La inevitable pregunta es: ¿Es más importante -para la sociedad como conjunto- tratar de impedir (parcialmente) que un número relativamente pequeño de inadaptados se apedree, apalee, acuchille y otras delicadezas, usando como excusa sus respectivos fervores deportivos, o resguardar a un muchísimo mayor número de vecinos, pacíficos, inermes, que, con esta decisión, ven aumentar su riesgo de resultar víctimas de los delincuentes? ¿Es lógico que se resten efectivos y vehículos de un patrullaje regular para destinarlos a escoltar a caravanas de micros, colmados por simpatizantes de los equipos que disputarán el encuentro, de una a otra cancha y viceversa?
No sé para usted, estimado lector, pero, para mí, las respuestas a estos interrogantes son claras, al menos, con relación a lo que debería hacerse, que no es precisamente lo que se está haciendo.
¡Hasta la próxima, semejante,… y gracias por su paciencia!
Buenos Aires, junio 28 de 2008.-[i] Como ejemplo, sepamos que en San Isidro, uno de los vecindarios más "ricos" de la zona norte del Gran Buenos Aires, se han instalado unas 2.000 garitas en las veredas, destinadas a los vigiladores privados. No obstante, la zona sigue siendo una de las más castigadas por hurtos, robos y hasta asaltos con tomas de rehenes. El 11/06, al llegar a su casa, en Acassuso, San Isidro, por la tarde, Ernesto Mata fue asaltado por cinco delincuentes fuertemente armados y obligado a ingresar a la vivienda, en la que se encontraban su esposa y sus dos hijos (un varón de 20 años y una joven de 16). Para llevar a cabo este hecho, los delincuentes habían comenzado por… secuestrar al vigilador que se encontraba en la garita, a metros de la puerta del domicilio de Ernesto Mata. No voy a extenderme en el desarrollo del caso ni en su dramático final, porque ello fue ampliamente difundido por los medios. Simplemente lo cito como muestra de la escasa efectividad de ese tipo de medidas, adoptadas supuestamente para tener seguridad. Un detalle curioso, por no utilizar otro adjetivo, es que los vecinos de Acassuso y de Martínez, el 13/06, hicieron una marcha para reclamar justicia para el caso Mata y mayor seguridad.
La marcha terminó frente al acceso principal de la Quinta presidencial de Olivos… cuya seguridad fue vulnerada en dos ocasiones por desconocidos que ingresaron al predio, se pasearon por el mismo -el primero llegó hasta a pedirle un vaso de agua al personal de mucamas de la residencia presidencial- y huyeron, sin que, hasta ahora se haya logrado identificarlos ni, mucho menos aprehenderlos. Los vecinos quejosos hicieron -es posible que involuntariamente- algo así como "nombrar la soga en la casa del ahorcado". (PUNTO CERO).

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