La Cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto del diputado radical Juan Gobbi, que pretende saber “cuáles son las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo para la normal protección de los usuarios y consumidores en función de los derechos establecidos por el artículo 38° de la Constitución Provincial y qué medidas concretas impulsó para proveer el cumplimiento de las responsabilidades impuestas al Estado”.
Entre otros interrogantes, la iniciativa del legislador radical pregunta si en función de lo normado por el artículo 43° de la Ley Nacional 24.240 y el Decreto Provincial 1472/95, el organismo pertinente que actúa como autoridad de aplicación procedió a la creación del Registro Provincial de Consumidores y Usuarios.
Por otra parte, requiere información sobre qué mecanismos de contralor ha implementado para prevenir las infracciones que puedan cometer los proveedores de bienes y/o servicios en el territorio de la provincia; cuáles son los elementos técnicos, presupuesto y recursos humanos que la Provincia ha dispuesto para la aplicación en su ámbito de las disposiciones de la Ley 24.240; y cuál es el estado actual de la implementación en la Provincia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.
Cabe recordar que las reformas constitucionales de 1994 incorporaron los “NUEVOS DERECHOS” en la parte general en el marco de Declaraciones, Derechos y Garantías, consagrando nuestras constituciones provincial y nacional el derecho a la información y la educación, y específicamente determina como derecho de las ciudadanas y los ciudadanos, la educación para el consumo y la protección de consumidores y usuarios.
En los fundamentos de la iniciativa se recuerda que a partir de los preceptos contenidos en los artículos 38 de la Constitución provincial y el artículo 42 de la Constitución Nacional, se requiere que desde el Estado provincial, a través de los organismos con competencia, se articulen programas y/o políticas, tendientes a fortalecer estos derechos y siendo “herramientas válidas” los distintos actores consagrados institucionalmente, entre otras ONGs, Asociaciones y Municipios.
El diputado chascomunense consideró al respecto, “estamos convencidos que a partir del conocimiento, difusión y respeto de estos derechos lograremos mejores oportunidades para nuestros conciudadanos, y de esta manera, acotar las inquietudes que genera el mercado”. Con ese objetivo, el legislador también propone incorporar como contenido transversal en los niveles de enseñanza provincial la asignatura de Educación para el Consumo y Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.
“Para cumplir con los objetivos perseguidos – prosiguió el legislador - el Estado debe observar en su accionar un rol protagónico y activo junto a los Municipios, ONGs y Asociaciones, requiriendo en su debido momento la evaluación e información sobre su cometido”, y posteriormente, “proyectar un nuevo diseño normativo para los entes reguladores de los servicios concesionados y/o privatizados con la misma finalidad expuesta, y poder discutir sobre los distintos temas que involucra como la calidad, eficacia, participación estatal, usuarios y comunas, tarifas, entre otras cuestiones”.
Por último, el diputado Juan Gobbi sentenció “consideramos imprescindible realizar una evaluación de la eficacia de las medidas que seguramente se han adoptado en nuestra jurisdicción provincial, para efectuar un seguimiento y proceder a ratificar o rectificar instrumentos de acción, convencidos que de nada sirve enunciar derechos si no son acompañados por las garantías, recursos y la acción del Estado que los tornen operativos”.
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