(Lo Nuestro). La pena de dos años y nueve meses de prisión recayó sobre Dora Zorrilla, en la causa que investiga cursos de capacitación que nunca se realizaron.
Casi una década de trámite judicial concluyeron con la condena para la ex Secretaria de Hacienda del municipio de Vicente López, Dora Zorrilla. La encargada de los números de la gestión de Enrique García además fue inhabilitada de por vida para el ejercicio de cargos públicos.
La causa tuvo su origen en la denuncia por cursos de capacitación para el personal municipal, pero que se constató nunca fueron realizados. La contratación fue realizada de manera directa violando las normas municipales, y además las empresas tenían sede en domicilios inexistentes, es decir que se trató de empresas “fantasma”, que facturaron a sabiendas de los funcionarios por servicios que jamás prestarían. Uno de los cursos que evidentemente no se dictaron se titulaba “Como detectar fraudes en la administración publica.”
Lo más llamativo del trámite judicial fue la devolución por parte de la ahora condenada de una importante suma de dinero: $1.300.0000. Dora Zorrilla en el extremo de lealtad hacia su jefe intentó cargar con todas las culpas presentándose ante el Juez Rafael Sal Lari aduciendo errores “errores administrativos” que perjudicaron al municipio, según se estima en una suma muy superior que rondaría los 3 millones y medio de pesos en épocas de la convertibilidad.
La jugada fue desligar al resto de los imputados, entre los que figuró el intendente Enrique García quien a entender de la justicia no se le pudo acreditar el dolo en su responsabilidad y participación en la firma de varios decretos que autorizaron pagos a empresas inexistentes, por servicios inexistentes, prestados por indigentes, ex convictos y prestanombres.
Los delitos que le imputó la justicia a la fiel colaboradora del intendente fueron “Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, Peculado -apropiación indebida del dinero perteneciente al erario por parte de las personas que se encargan de su control y custodia- e Incumplimiento de los Deberes como Funcionario Público”.
El fallo del 26 de mayo del Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro, en la causa Nº 12.111 se dio tras un “juicio abreviado”, ya que la imputada asumió su culpabilidad para mitigar la condena, pero sin lugar a apelación.
Con la “mayoría automática” que mantuvo el intendente durante décadas en el Concejo Deliberante, nunca lograron prosperar los pedidos de interpelación al jefe comunal, a la par que los pedidos de informes durmieron en los cajones.
También es de destacar que el ex tesorero Francisco Sales, la ex empleada del área de Hacienda Adriana Piaggio, además de los “prestanombre” imputados todavía esperan sentencia.
Enrique García en esta investigación logró salir indemne, pero resta concluir una causa similar conocida como “Data Entry” que debe definir la Corte Bonaerense. En este trámite también está junto a la funcionaria que “reconoció y devolvió”: Dora Zorrilla, misma que nunca fue siquiera sumariada.
Se investigan 57.882 horas de trabajo: para cubrir estas horas se hubieran necesitado 40 estaciones de trabajo permanentes durante los 11 meses que fue contratada esta empresa. Este trabajo era el equivalente a 289.415 páginas completas de datos, “esfuerzo” laboral innecesario ya que las boletas de ABL se transcriben con códigos de barras. Como “anécdota” del expediente, en la dirección donde debía estar la empresa Granara y Asociados había una Confitería.
Casi una década de trámite judicial concluyeron con la condena para la ex Secretaria de Hacienda del municipio de Vicente López, Dora Zorrilla. La encargada de los números de la gestión de Enrique García además fue inhabilitada de por vida para el ejercicio de cargos públicos.
La causa tuvo su origen en la denuncia por cursos de capacitación para el personal municipal, pero que se constató nunca fueron realizados. La contratación fue realizada de manera directa violando las normas municipales, y además las empresas tenían sede en domicilios inexistentes, es decir que se trató de empresas “fantasma”, que facturaron a sabiendas de los funcionarios por servicios que jamás prestarían. Uno de los cursos que evidentemente no se dictaron se titulaba “Como detectar fraudes en la administración publica.”
Lo más llamativo del trámite judicial fue la devolución por parte de la ahora condenada de una importante suma de dinero: $1.300.0000. Dora Zorrilla en el extremo de lealtad hacia su jefe intentó cargar con todas las culpas presentándose ante el Juez Rafael Sal Lari aduciendo errores “errores administrativos” que perjudicaron al municipio, según se estima en una suma muy superior que rondaría los 3 millones y medio de pesos en épocas de la convertibilidad.
La jugada fue desligar al resto de los imputados, entre los que figuró el intendente Enrique García quien a entender de la justicia no se le pudo acreditar el dolo en su responsabilidad y participación en la firma de varios decretos que autorizaron pagos a empresas inexistentes, por servicios inexistentes, prestados por indigentes, ex convictos y prestanombres.
Los delitos que le imputó la justicia a la fiel colaboradora del intendente fueron “Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, Peculado -apropiación indebida del dinero perteneciente al erario por parte de las personas que se encargan de su control y custodia- e Incumplimiento de los Deberes como Funcionario Público”.
El fallo del 26 de mayo del Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro, en la causa Nº 12.111 se dio tras un “juicio abreviado”, ya que la imputada asumió su culpabilidad para mitigar la condena, pero sin lugar a apelación.
Con la “mayoría automática” que mantuvo el intendente durante décadas en el Concejo Deliberante, nunca lograron prosperar los pedidos de interpelación al jefe comunal, a la par que los pedidos de informes durmieron en los cajones.
También es de destacar que el ex tesorero Francisco Sales, la ex empleada del área de Hacienda Adriana Piaggio, además de los “prestanombre” imputados todavía esperan sentencia.
Enrique García en esta investigación logró salir indemne, pero resta concluir una causa similar conocida como “Data Entry” que debe definir la Corte Bonaerense. En este trámite también está junto a la funcionaria que “reconoció y devolvió”: Dora Zorrilla, misma que nunca fue siquiera sumariada.
Se investigan 57.882 horas de trabajo: para cubrir estas horas se hubieran necesitado 40 estaciones de trabajo permanentes durante los 11 meses que fue contratada esta empresa. Este trabajo era el equivalente a 289.415 páginas completas de datos, “esfuerzo” laboral innecesario ya que las boletas de ABL se transcriben con códigos de barras. Como “anécdota” del expediente, en la dirección donde debía estar la empresa Granara y Asociados había una Confitería.
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