Frente a una ola de delitos y violencia, la Ciudad de Mar del Plata recibió $13.800.000 que resultaron ineficaces, porque no fueron aplicados a la protección y seguridad ciudadana.
Stolbizer reclama al Gobierno Nacional que informe sobre la totalidad de los recursos repartidos en este convenio y que muestre las rendiciones de los Municipios, específicamente el de General Pueyrredón.
La titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer recurrió al Decreto 1172/03 (norma que regula el derecho a acceso a la información) para solicitar a la Jefatura de Gabinete información referida a la utilización de fondos destinados a equipamiento e infraestructura, en materia de seguridad para los municipios. La diputada presenta esta iniciativa a raíz de lo ocurrido específicamente en General Pueyrredón, donde existe certeza que la Municipalidad se gastó este dinero para otros destinos.
En el año 2009, la Jefatura de Gabinete firmó con los Municipios, un Convenio de Cooperación para la Implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana. El mismo asignaba recursos para la
a) instalación de sistema de video de seguridad
b) sistema de monitoreo satelital de patrulleros a través de equipo GPS
c) incorporación de policías retirados y efectivos de apoyo
d) red de alerta vecinal y adquisición de patrulleros
e) implementación de un centro operativo Municipal para seguimiento y control
La supervisión del programa quedó a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
A la Municipalidad de General Pueyrredón se le asignaron $27.764.990 pesos. La Municipalidad ya recibió el 50% de esa suma, sin embargo no se verifica la aplicación de dichos fondos a los efectos para los que fue otorgado. Motivo por el cual, el Concejal del GEN, Guillermo Schütrumpf, pidió la creación de una Comisión Investigadora. A raíz de esto, por su parte, el Fiscal Penal Federal Dr. Juan Manuel Pettigiani presentó una demanda penal.
Para Margarita Stolbizer, “la situación es muy grave y muestra distintos actos de responsabilidad política. El Gobierno Nacional reparte plata de manera clientelar y sin controles, el Gobierno Provincial no monitorea la seguridad en su territorio y el Gobierno Municipal dilapida los recursos y sigue sin dar respuesta ni protección a los vecinos en materia de seguridad”.
“Vamos a promover la investigación de las responsabilidades políticas en todos los niveles acompañando el proceso penal, judicial para la condena de los delitos que se hubieran cometido”, aseveró la titular del GEN.
La Municipalidad de General Pueyrredón no rindió cuentas respecto a estos fondos y sólo explicó que una parte de ellos fueron girados a Prefectura para gastos de alojamiento.
Con todo, la titular del GEN Stolbizer le pide a la Jefatura de Gabinete que explique cuáles fueron los Municipios beneficiarios, cuánto fondos fueron transferidos, cuáles fueron los monitoreos realizados para seguir la ejecución de esos recursos y específicamente para el caso de la Municipalidad de General Pueyrredón si existió autorización para reasignar esos fondos a otros fines distintos a los originales, tales como la contratación de efectivos de Prefectura, alojamiento y gastos de traslado de sus miembros.
Stolbizer reclama al Gobierno Nacional que informe sobre la totalidad de los recursos repartidos en este convenio y que muestre las rendiciones de los Municipios, específicamente el de General Pueyrredón.
La titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer recurrió al Decreto 1172/03 (norma que regula el derecho a acceso a la información) para solicitar a la Jefatura de Gabinete información referida a la utilización de fondos destinados a equipamiento e infraestructura, en materia de seguridad para los municipios. La diputada presenta esta iniciativa a raíz de lo ocurrido específicamente en General Pueyrredón, donde existe certeza que la Municipalidad se gastó este dinero para otros destinos.
En el año 2009, la Jefatura de Gabinete firmó con los Municipios, un Convenio de Cooperación para la Implementación del Programa Integral de Protección Ciudadana. El mismo asignaba recursos para la
a) instalación de sistema de video de seguridad
b) sistema de monitoreo satelital de patrulleros a través de equipo GPS
c) incorporación de policías retirados y efectivos de apoyo
d) red de alerta vecinal y adquisición de patrulleros
e) implementación de un centro operativo Municipal para seguimiento y control
La supervisión del programa quedó a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
A la Municipalidad de General Pueyrredón se le asignaron $27.764.990 pesos. La Municipalidad ya recibió el 50% de esa suma, sin embargo no se verifica la aplicación de dichos fondos a los efectos para los que fue otorgado. Motivo por el cual, el Concejal del GEN, Guillermo Schütrumpf, pidió la creación de una Comisión Investigadora. A raíz de esto, por su parte, el Fiscal Penal Federal Dr. Juan Manuel Pettigiani presentó una demanda penal.
Para Margarita Stolbizer, “la situación es muy grave y muestra distintos actos de responsabilidad política. El Gobierno Nacional reparte plata de manera clientelar y sin controles, el Gobierno Provincial no monitorea la seguridad en su territorio y el Gobierno Municipal dilapida los recursos y sigue sin dar respuesta ni protección a los vecinos en materia de seguridad”.
“Vamos a promover la investigación de las responsabilidades políticas en todos los niveles acompañando el proceso penal, judicial para la condena de los delitos que se hubieran cometido”, aseveró la titular del GEN.
La Municipalidad de General Pueyrredón no rindió cuentas respecto a estos fondos y sólo explicó que una parte de ellos fueron girados a Prefectura para gastos de alojamiento.
Con todo, la titular del GEN Stolbizer le pide a la Jefatura de Gabinete que explique cuáles fueron los Municipios beneficiarios, cuánto fondos fueron transferidos, cuáles fueron los monitoreos realizados para seguir la ejecución de esos recursos y específicamente para el caso de la Municipalidad de General Pueyrredón si existió autorización para reasignar esos fondos a otros fines distintos a los originales, tales como la contratación de efectivos de Prefectura, alojamiento y gastos de traslado de sus miembros.
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