Para la fiscalía de San Nicolás está probado el delito de trata de personas en las estancias de San Pedro, Ramallo y Arrecifes que fueron allanadas desde diciembre. Fuentes judiciales aseguraron que ya pidieron la detención de los ejecutivos que dirigían las empresas involucradas.
Las causas por presunto “trabajo esclavo y sometimiento a servidumbre” en estancias rurales del norte bonaerense -que instruye el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás- se acumularon en dos expedientes y para la fiscalía “el delito de trata de personas está probado”, informaron fuentes judiciales. Además, se han pedido indagatorias y detenciones de los directivos de aquellas empresas que aparecen involucradas.
“Desde la óptica del Ministerio Público Fiscal está probado el delito de trata, y en algunos casos se han pedido detenciones e indagatorias de los directivos de las empresas involucradas”, aseguraron voceros de la investigación.
Según publicó hoy el diario Tiempo Argentino, el juez Carlos Villafuerte Ruzzo denegó las medidas impulsadas por la fiscalía y también rechazó los pedidos de eximición de prisión presentados por los imputados. Hasta ahora “no hay ningún detenido”, informaron allegados a los expedientes.
Las causas se originaron tras los allanamientos realizados en dos campos de la localidad bonaerense de San Pedro, el 30 de diciembre y el 4 de enero pasados, y en otras tres fincas que explotan las firmas Status Ager SA y Southern Seeds Production en las ciudades de Ramallo y Arrecifes, donde se hallaron unas 274 personas en deplorables e infrahumanas condiciones laborales.
Tras la detección de casos de explotación de mano de obra en condiciones de servidumbre en distintas explotaciones agrícolas de la provincia de Buenos Aires, las miradas recayeron sobre el titular del gremio que agrupa a los trabajadores del campo, el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas. Durante la jornada de ayer, el dirigente afirmó que “viene haciendo operativos” para detectar trabajo en negro en distintas empresas del país, a la vez que señaló que “nosotros no tenemos que aclarar nada de lo que venimos haciendo desde hace años”.
De esta forma, Venegas se refirió a las denuncias y operativos realizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron más de 500 casos de trabajadores rurales –entre ellos menores de edad– cumpliendo sus tareas “en condiciones de explotación y servidumbre” por parte de distintas empresas agrícolas. El pasado 11 de enero el Ministerio de Trabajo de la Nación ratificó la detección de presuntas infracciones a la ley de trata de personas, en un establecimiento rural de la localidad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. Según establece el informe firmado por los inspectores, los obreros no contaban con medios para comunicarse con sus familiares, además de desconocer la fecha de pago. Incluso se les prohibía salir del predio.
Las causas por presunto “trabajo esclavo y sometimiento a servidumbre” en estancias rurales del norte bonaerense -que instruye el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás- se acumularon en dos expedientes y para la fiscalía “el delito de trata de personas está probado”, informaron fuentes judiciales. Además, se han pedido indagatorias y detenciones de los directivos de aquellas empresas que aparecen involucradas.
“Desde la óptica del Ministerio Público Fiscal está probado el delito de trata, y en algunos casos se han pedido detenciones e indagatorias de los directivos de las empresas involucradas”, aseguraron voceros de la investigación.
Según publicó hoy el diario Tiempo Argentino, el juez Carlos Villafuerte Ruzzo denegó las medidas impulsadas por la fiscalía y también rechazó los pedidos de eximición de prisión presentados por los imputados. Hasta ahora “no hay ningún detenido”, informaron allegados a los expedientes.
Las causas se originaron tras los allanamientos realizados en dos campos de la localidad bonaerense de San Pedro, el 30 de diciembre y el 4 de enero pasados, y en otras tres fincas que explotan las firmas Status Ager SA y Southern Seeds Production en las ciudades de Ramallo y Arrecifes, donde se hallaron unas 274 personas en deplorables e infrahumanas condiciones laborales.
Tras la detección de casos de explotación de mano de obra en condiciones de servidumbre en distintas explotaciones agrícolas de la provincia de Buenos Aires, las miradas recayeron sobre el titular del gremio que agrupa a los trabajadores del campo, el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas. Durante la jornada de ayer, el dirigente afirmó que “viene haciendo operativos” para detectar trabajo en negro en distintas empresas del país, a la vez que señaló que “nosotros no tenemos que aclarar nada de lo que venimos haciendo desde hace años”.
De esta forma, Venegas se refirió a las denuncias y operativos realizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron más de 500 casos de trabajadores rurales –entre ellos menores de edad– cumpliendo sus tareas “en condiciones de explotación y servidumbre” por parte de distintas empresas agrícolas. El pasado 11 de enero el Ministerio de Trabajo de la Nación ratificó la detección de presuntas infracciones a la ley de trata de personas, en un establecimiento rural de la localidad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires. Según establece el informe firmado por los inspectores, los obreros no contaban con medios para comunicarse con sus familiares, además de desconocer la fecha de pago. Incluso se les prohibía salir del predio.
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