No asistieron al primer plenario de comisiones que realizó el Senado, donde hay un proyecto de Giustiniani y otro de la kirchnerista Osuna. Buscan consenso para firmar un dictamen común en noviembre, pero resta definir si habrá una autoridad de aplicación o si todo quedará en la órbita de la CNC.
Las empresas que ofrecen telefonía celular dejaron sus sillas vacías en la primera jornada del debate del Senado para definir si su actividad se define como servicio público, lo que significaría una regulación más estricta de las tarifas y las prestaciones.
No fueron los únicos ausentes al plenario organizado por las comisiones de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión; y De Derechos y Garantías.
Tampoco asistieron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el titular de la secretaría de Comunicación, Lisandro Salas. “Está claro que el gobierno y las empresas no querían dar la cara ante los legisladores y las asociaciones de consumidores”, reflexionó una senadora opositora a cargo de organizar la reunión. Las empresas invitadas fueron Movistar, Personal, Claro, Nextel.
Los proyectos para declarar la telefonía móvil como servicio público son del senador socialista Rubén Giustiniani y de la kirchnerista Blanca Osuna. Ambos se basan el artículo 42 de la Constitución nacional, que obliga al Estado a tener una legislación especial para los servicios de alcance masivo.
Pero tienen una diferencia crucial: mientras el de Giustiniani crea un ente regulador que se encargue la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), encargada de controlar el funcionamiento de las telefónicas.
De todos modos entre los senadores de las comisiones hay confianza en que se alcanzará un dictamen común antes del 10 de diciembre cuando se renueve la mitad de la Cámara y se repartan nuevos cargos en las comisiones. La próxima reunión sería el 2 de noviembre, el mismo día en el que está pautada otra sesión.
“El minuto prepago cuesta el doble en comparación con un abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menos recursos y los jóvenes”, se quejó Giustiniani,
“Coincidimos en que después de tantos años, en donde hay más de un celular por persona, no puede ser que hoy la telefonía móvil no sea un servicio público como sí lo son los teléfonos fijos”, agregó.
La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, recordó que “la tarifa de la telefonía fija está congelada desde 2000 mientras que la tarifa de la telefonía móvil está liberada y sin control por parte del órgano regulador”.
“Además, somos usuarios cautivos por la demora de 11 años en la implementación de la portabilidad numérica. La telefonía celular encabeza los reclamos de los usuarios frente a Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo de la Secretaría de Comercio Interior”, apuntó.
Sin funcionarios y empresarios, las exposiciones se limitaron a organismos de defensa al consumidor y de derecho administrativo. Por el primer grupo estuvieron Héctor Polino, ex Secretario de Comunicaciones y los representantes de Consumidores Libres; Pedro Bussetti, de Deuco; Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor (C.E.C.), Claudio Boada y Roberto Daud. Los abogados que estuvieron fueron Agustín Gordillo, Carlos Cassagne, Ariel Caplán y Henoch Aguiar. (La Política OnLine).
Las empresas que ofrecen telefonía celular dejaron sus sillas vacías en la primera jornada del debate del Senado para definir si su actividad se define como servicio público, lo que significaría una regulación más estricta de las tarifas y las prestaciones.
No fueron los únicos ausentes al plenario organizado por las comisiones de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión; y De Derechos y Garantías.
Tampoco asistieron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el titular de la secretaría de Comunicación, Lisandro Salas. “Está claro que el gobierno y las empresas no querían dar la cara ante los legisladores y las asociaciones de consumidores”, reflexionó una senadora opositora a cargo de organizar la reunión. Las empresas invitadas fueron Movistar, Personal, Claro, Nextel.
Los proyectos para declarar la telefonía móvil como servicio público son del senador socialista Rubén Giustiniani y de la kirchnerista Blanca Osuna. Ambos se basan el artículo 42 de la Constitución nacional, que obliga al Estado a tener una legislación especial para los servicios de alcance masivo.
Pero tienen una diferencia crucial: mientras el de Giustiniani crea un ente regulador que se encargue la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), encargada de controlar el funcionamiento de las telefónicas.
De todos modos entre los senadores de las comisiones hay confianza en que se alcanzará un dictamen común antes del 10 de diciembre cuando se renueve la mitad de la Cámara y se repartan nuevos cargos en las comisiones. La próxima reunión sería el 2 de noviembre, el mismo día en el que está pautada otra sesión.
“El minuto prepago cuesta el doble en comparación con un abono mensual, siendo discriminatorio para quienes más lo usan que son las personas de menos recursos y los jóvenes”, se quejó Giustiniani,
“Coincidimos en que después de tantos años, en donde hay más de un celular por persona, no puede ser que hoy la telefonía móvil no sea un servicio público como sí lo son los teléfonos fijos”, agregó.
La senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, recordó que “la tarifa de la telefonía fija está congelada desde 2000 mientras que la tarifa de la telefonía móvil está liberada y sin control por parte del órgano regulador”.
“Además, somos usuarios cautivos por la demora de 11 años en la implementación de la portabilidad numérica. La telefonía celular encabeza los reclamos de los usuarios frente a Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo de la Secretaría de Comercio Interior”, apuntó.
Sin funcionarios y empresarios, las exposiciones se limitaron a organismos de defensa al consumidor y de derecho administrativo. Por el primer grupo estuvieron Héctor Polino, ex Secretario de Comunicaciones y los representantes de Consumidores Libres; Pedro Bussetti, de Deuco; Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor (C.E.C.), Claudio Boada y Roberto Daud. Los abogados que estuvieron fueron Agustín Gordillo, Carlos Cassagne, Ariel Caplán y Henoch Aguiar. (La Política OnLine).
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