El Gobernador planea mantener reuniones con legisladores y organismos de Derechos Humanos para pulir la letra fina del proyecto del proyecto de Policía Judicial. Scioli quiere que el proyecto también sea acompañado por la oposición.
Uno de los primeros temas que Daniel Scioli abordará al regresar de su viaje a Francia será el envío al Senado del proyecto de Policía Judicial y que, de aprobarse, significará un cambio radical en el esquema de investigación de delitos complejos.
Sobre el tema ya conversaron Scioli y su vicegobernador, Gabriel Mariotto, antes que el primero viaje a Europa. La idea, según trascendió, es que el diálogo se retome en apenas el Gobernador retome su agenda.
Durante el mes de febrero habría reuniones entre el Gobernador, Mariotto y los presidentes de los bloques oficialistas en Diputados, Juan De Jesús, y el Senado, Cristina Fioramonti, para afinar la estrategia legislativa y puntualizar sobre el proyecto de Policía Judicial.
La iniciativa propone que ya no sea la Policía Bonaerense la que haga cargo de la investigación de los delitos complejos, sino un cuerpo especializado de peritos criminalistas dependiente del Poder Judicial.
Los lineamientos generales del proyecto que tiene previsto enviar el Ejecutivo fueron redactados por los técnicos de la Comisión por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos desde donde más se critica la gestión sobre seguridad de Scioli.
"Vamos a enviar a la Legislatura el proyecto de la Comisión por la Memoria. Es el más completo y el más integral. Han trabajado mucho y muy bien", dijo el ministro de Justicia y Seguridad al diario El Día.
En este marco, el Ejecutivo tiene pensado convocar en las próximas semanas encuentros con legisladores, representantes de la Comisión por la Memoria y de organismos de Derechos Humanos, para ultimar y pulir la letra fina del proyecto, que ingresaría por el Senado.
En el Ejecutivo confían que el proyecto, además de contar con el respaldo de la nueva conducción en la Legislatura, que responde directamente a la Rosada, también sumaría el respaldo de la mayoría de la oposición.
El año pasado, cuando Scioli anunció que impulsaría la iniciativa, algunos representantes de la oposición ligados al macrismo y el denarvaísmo, dieron señales de acuerdo, al menos en términos conceptuales.
El proyecto de la Comisión por la Memoria está en línea con los lineamientos contenidos en los "catorce puntos básicos para la implementación de la policía judicial", que elaboraron organizaciones sociales, de Derechos Humanos, de profesionales del ámbito judicial y sindicales nucleadas en la llamada "Convergencia para la Democratización de la Justicia", que también reclama, como segundo paso, la autonomía de la Defensa Pública.
Algunos de esos puntos fueron conversados en una reunión clave que mantuvieron representantes de la Comisión con el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, en la cual se resolvió adoptar el articulado propuesto por ese organismo. En principio, el más importante es la dependencia orgánica de la Procuración, pero también se incluyó la prohibición de traspaso de efectivos de la policía de seguridad a la nueva fuerza y la descentralización del cuerpo central en los departamentos judiciales.
Además, en los 14 puntos se plantea la obligación de la Procuración de presentar un plan "estratégico" que contenga las prioridades de investigación en materia penal y la aplicación de mecanismos de control disciplinario y de gestión, que deberá ejercer el Estado, pero con "participación de la sociedad civil".
En cambio, aún no está claro si los delitos detectados en situación de flagrancia serán incorporados o no al ámbito de competencia de la policía judicial, como pretendería el Ejecutivo.
Con todo, con el aval de la Comisión y la Convergencia, organizaciones que en otros casos ha realizado críticas severas a las políticas de la administración Scioli, el proyecto parece tener parte del camino asegurado hacia el recinto legislativo. (La Política OnLine).
Uno de los primeros temas que Daniel Scioli abordará al regresar de su viaje a Francia será el envío al Senado del proyecto de Policía Judicial y que, de aprobarse, significará un cambio radical en el esquema de investigación de delitos complejos.
Sobre el tema ya conversaron Scioli y su vicegobernador, Gabriel Mariotto, antes que el primero viaje a Europa. La idea, según trascendió, es que el diálogo se retome en apenas el Gobernador retome su agenda.
Durante el mes de febrero habría reuniones entre el Gobernador, Mariotto y los presidentes de los bloques oficialistas en Diputados, Juan De Jesús, y el Senado, Cristina Fioramonti, para afinar la estrategia legislativa y puntualizar sobre el proyecto de Policía Judicial.
La iniciativa propone que ya no sea la Policía Bonaerense la que haga cargo de la investigación de los delitos complejos, sino un cuerpo especializado de peritos criminalistas dependiente del Poder Judicial.
Los lineamientos generales del proyecto que tiene previsto enviar el Ejecutivo fueron redactados por los técnicos de la Comisión por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos desde donde más se critica la gestión sobre seguridad de Scioli.
"Vamos a enviar a la Legislatura el proyecto de la Comisión por la Memoria. Es el más completo y el más integral. Han trabajado mucho y muy bien", dijo el ministro de Justicia y Seguridad al diario El Día.
En este marco, el Ejecutivo tiene pensado convocar en las próximas semanas encuentros con legisladores, representantes de la Comisión por la Memoria y de organismos de Derechos Humanos, para ultimar y pulir la letra fina del proyecto, que ingresaría por el Senado.
En el Ejecutivo confían que el proyecto, además de contar con el respaldo de la nueva conducción en la Legislatura, que responde directamente a la Rosada, también sumaría el respaldo de la mayoría de la oposición.
El año pasado, cuando Scioli anunció que impulsaría la iniciativa, algunos representantes de la oposición ligados al macrismo y el denarvaísmo, dieron señales de acuerdo, al menos en términos conceptuales.
El proyecto de la Comisión por la Memoria está en línea con los lineamientos contenidos en los "catorce puntos básicos para la implementación de la policía judicial", que elaboraron organizaciones sociales, de Derechos Humanos, de profesionales del ámbito judicial y sindicales nucleadas en la llamada "Convergencia para la Democratización de la Justicia", que también reclama, como segundo paso, la autonomía de la Defensa Pública.
Algunos de esos puntos fueron conversados en una reunión clave que mantuvieron representantes de la Comisión con el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, en la cual se resolvió adoptar el articulado propuesto por ese organismo. En principio, el más importante es la dependencia orgánica de la Procuración, pero también se incluyó la prohibición de traspaso de efectivos de la policía de seguridad a la nueva fuerza y la descentralización del cuerpo central en los departamentos judiciales.
Además, en los 14 puntos se plantea la obligación de la Procuración de presentar un plan "estratégico" que contenga las prioridades de investigación en materia penal y la aplicación de mecanismos de control disciplinario y de gestión, que deberá ejercer el Estado, pero con "participación de la sociedad civil".
En cambio, aún no está claro si los delitos detectados en situación de flagrancia serán incorporados o no al ámbito de competencia de la policía judicial, como pretendería el Ejecutivo.
Con todo, con el aval de la Comisión y la Convergencia, organizaciones que en otros casos ha realizado críticas severas a las políticas de la administración Scioli, el proyecto parece tener parte del camino asegurado hacia el recinto legislativo. (La Política OnLine).
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