Con 139 votos a favor y 100 en contra, la Cámara baja aprobó una reforma al Código Electoral que, entre otros puntos, transforma el DNI en un soporte único de tarjeta. El proyecto fue sancionado por el oficialismo y sus aliados, en tanto que la oposición impulsó dos dictámenes de minoría, uno que proponía la implementación del sistema de boleta única. La iniciativa fue girada al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que establece una reforma al Código Electoral y transforma el DNI en un soporte único de tarjeta, entre otras cuestiones.
La iniciativa, que fue aprobada en general por 139 votos y 100 en contra, contó con el respaldo del oficialismo y de bloques aliados, en tanto que la oposición -que presentó dos dictámenes de minoría- rechazó el texto oficial, en la sesión ordinaria de la Cámara baja que se realizó ayer.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, había recibido dictamen semanas atrás, tras un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, al que asistió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para explicar los alcances de la reforma.
Al abrir el debate, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, defendió el proyecto oficial, al considerar que ese nuevo sistema "permite una conexión en red, que constituye un instrumento muy hábil para impedir, entre otros delitos, la trata de personas".
Se trata de una norma que establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
Al cerrar el debate, el titular del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, destacó la importancia del proyecto, al sostener que "es absolutamente natural que todos tengan un sólo documento" y aclaró que "el que quiera ir a votar con la libretita, que vaya".
En esa línea, el diputado oficialista Jorge Landau salió al cruce de los reclamos de la oposición para implementar la boleta única y consideró un "error" entender como "el principal problema político argentino" al sistema de emisión de voto actual.
En el marco de la sesión y como dato de color, los legisladores del Frente para la Victoria mostraron en sus bancas carteles con la frase: "Son Argentinas", que llevan la ilustración de las Islas Malvinas y el logo de YPF, en defensa de la soberanía sobre las islas y del proyecto para expropiar el 51 por ciento de las acciones pertenecientes a Repsol.
Otro de los bloques que respaldó el proyecto oficial fue el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Córdoba Federal que a través del diputado José Fortuna, destacó la necesidad de "seguir avanzando en las reformas que hacen al sistema electoral de nuestro país".
Por su parte, la oposición impulsó dos dictámenes de minoría: uno que proponía el sistema de boleta única de sufragio presentado por Margarita Stolbizer, Omar Duclós (GEN); Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro, Graciela Camaño, Carlos Carranza (Frente Peronista), la macrista Laura Alonso y otro del radical Ricardo Gil Lavedra.
Desde el radicalismo y al cierre del debate, Gil Lavedra manifestó su rechazo al texto oficial, al sostener que "es de prepo, exige cargas ciudadanas inaceptables, es impreciso y no disminuye sino que aumenta las posibilidades de fraude".
Stolbizer, que integra el interbloque del FAP, cuestionó el proyecto oficial, al argumentar que "cambia la definición de prioridades de la agenda pública, que hoy debería estar vinculada con las necesidades sociales" y sostuvo que "no puede haber una reforma electoral con un número acotado de votos".
También, el diputado del Peronismo Federal, el mendocino Enrique Thomas, anticipó que ese bloque no acompañaría el texto propuesto por el oficialismo y reiteró su respaldo al dictamen de minoría de esa bancada que impulsa la boleta única "como paso previo hacia otro tipo de modernidades como el voto electrónico".
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El texto, al que se le realizaron algunas modificaciones durante el debate en particular, impulsadas por el oficialismo, establece entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quiénes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al día de la elección.
El infractor que no haya pagado la multa "no podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales".
Asimismo, la iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrán ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del voto al día siguiente de la elección, "serán sancionados con la suspensión de hasta 6 meses", mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía.
La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que establece una reforma al Código Electoral y transforma el DNI en un soporte único de tarjeta, entre otras cuestiones.
La iniciativa, que fue aprobada en general por 139 votos y 100 en contra, contó con el respaldo del oficialismo y de bloques aliados, en tanto que la oposición -que presentó dos dictámenes de minoría- rechazó el texto oficial, en la sesión ordinaria de la Cámara baja que se realizó ayer.
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, había recibido dictamen semanas atrás, tras un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, al que asistió el ministro del Interior, Florencio Randazzo, para explicar los alcances de la reforma.
Al abrir el debate, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, defendió el proyecto oficial, al considerar que ese nuevo sistema "permite una conexión en red, que constituye un instrumento muy hábil para impedir, entre otros delitos, la trata de personas".
Se trata de una norma que establece el reemplazo del DNI libreta por una tarjeta para todos los trámites y obligaciones cívicas y la entrega de troqueles a los votantes como constancia de emisión de su voto, entre otras cuestiones.
Al cerrar el debate, el titular del bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, destacó la importancia del proyecto, al sostener que "es absolutamente natural que todos tengan un sólo documento" y aclaró que "el que quiera ir a votar con la libretita, que vaya".
En esa línea, el diputado oficialista Jorge Landau salió al cruce de los reclamos de la oposición para implementar la boleta única y consideró un "error" entender como "el principal problema político argentino" al sistema de emisión de voto actual.
En el marco de la sesión y como dato de color, los legisladores del Frente para la Victoria mostraron en sus bancas carteles con la frase: "Son Argentinas", que llevan la ilustración de las Islas Malvinas y el logo de YPF, en defensa de la soberanía sobre las islas y del proyecto para expropiar el 51 por ciento de las acciones pertenecientes a Repsol.
Otro de los bloques que respaldó el proyecto oficial fue el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Córdoba Federal que a través del diputado José Fortuna, destacó la necesidad de "seguir avanzando en las reformas que hacen al sistema electoral de nuestro país".
Por su parte, la oposición impulsó dos dictámenes de minoría: uno que proponía el sistema de boleta única de sufragio presentado por Margarita Stolbizer, Omar Duclós (GEN); Gustavo Ferrari, Natalia Gambaro, Graciela Camaño, Carlos Carranza (Frente Peronista), la macrista Laura Alonso y otro del radical Ricardo Gil Lavedra.
Desde el radicalismo y al cierre del debate, Gil Lavedra manifestó su rechazo al texto oficial, al sostener que "es de prepo, exige cargas ciudadanas inaceptables, es impreciso y no disminuye sino que aumenta las posibilidades de fraude".
Stolbizer, que integra el interbloque del FAP, cuestionó el proyecto oficial, al argumentar que "cambia la definición de prioridades de la agenda pública, que hoy debería estar vinculada con las necesidades sociales" y sostuvo que "no puede haber una reforma electoral con un número acotado de votos".
También, el diputado del Peronismo Federal, el mendocino Enrique Thomas, anticipó que ese bloque no acompañaría el texto propuesto por el oficialismo y reiteró su respaldo al dictamen de minoría de esa bancada que impulsa la boleta única "como paso previo hacia otro tipo de modernidades como el voto electrónico".
La iniciativa hace hincapié en la Reforma Política “tendiente a brindar a la ciudadanía un sistema más moderno, ágil, transparente y dotado de seguridad jurídica para el electorado”, que comenzó con la implementación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El texto, al que se le realizaron algunas modificaciones durante el debate en particular, impulsadas por el oficialismo, establece entre otras cuestiones, multas de 50 a 500 pesos para quiénes no emitan su voto, en el caso de los ciudadanos que no justifiquen este accionar dentro del plazo de los 60 días posteriores al día de la elección.
El infractor que no haya pagado la multa "no podrá realizar gestiones o trámites durante 1 año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires o municipales".
Asimismo, la iniciativa propone que ninguna autoridad, ni tampoco el juez electoral, podrán ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral y establece que las autoridades de mesa deberán figurar en el padrón en la mesa para la cual sean designados.
Además, la norma establece que los empleados de la administración pública nacional o municipal que no presenten a sus superiores inmediatos la constancia de la emisión del voto al día siguiente de la elección, "serán sancionados con la suspensión de hasta 6 meses", mientras que en caso de reincidencia podrán llegar a la cesantía.
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