miércoles, abril 04, 2012

Los municipios, en jaque por cambios en la coparticipación. Por Marina Wertheimer.

Nuevo dolor de cabeza para los municipios bonaerenses: una vez más, los números no cierran. Sin haber bajado el presupuesto que se envía desde Buenos Aires, este año los intendentes encontraron menos plata en sus arcas. “La explicación de esta paradoja –explican desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) – es que se movió nuevamente una pieza del laberinto de la coparticipación en Argentina”.

A decir verdad, se trata de dos piezas. Por un lado, el recálculo del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que fija qué proporción de los fondos provinciales recibe cada municipio. Por otro, la reimplementación de la Ley de Financiamiento Educativo.

El Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la provincia de Buenos Aires determina qué caudal de recursos recibe cada municipio en el reparto de los fondos coparticipables, provenientes de los impuestos Inmobiliario, a los Ingresos Brutos y Patentes, entre otros. A fines de diciembre, la ministra bonaerense de Economía, Silvina Batakis, estableció la modificación del coeficiente con el que se calcula el monto que recibe cada municipio.

De acuerdo al texto de la resolución nº 45, firmada el 28 de diciembre de 2011, las razones para modificar el cálculo se basaron “en la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los municipios por la recaudación de tasas que le son propias”. En consecuencia, del total de 134 municipios que componen Buenos Aires, 77 recibirán este año menos fondos, en tanto que los otros 57 fueron beneficiados con una mayor asignación.
Dentro del ámbito metropolitano, La Matanza es el distrito que quedó mejor parado en el reparto (pasará de percibir el 6,62% al 8% de los fondos coparticipables). En el otro extremo, Almirante Brown y Florencio Varela se quedan con la porción más chica, pasando de un 2,36% y 2,14%, a un 2,16% y 2,09%, respectivamente.

Para esta nueva distribución se tuvo en cuenta “la información del Censo referida a la población, el caudal turístico, la capacidad potencial absoluta y per cápita de los municipios por la recaudación de tasas que les son propias”, según indicaron desde Hacienda.

La Ley nacional nº 26.075 de Financiamiento Educativo (LFE, vigente desde 2006) tuvo como finalidad el aumento de la inversión en educación, ciencia y tecnología. El Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma se hicieron cargo en forma progresiva hasta alcanzar en el año 2010 una participación total del 6% del PBI. Para cumplir con esta meta, a las jurisdicciones subnacionales les correspondió el 60% del esfuerzo y al Gobierno nacional el 40% restante.

Como señalan Nadin Argañaraz y Ariel Barraud del IARAF “en la misma norma se establecían reglas claras de transparencia para que el uso efectivo de los fondos enviados se realice en la función educación. En este sentido, estos envíos funcionaron como una transferencia condicionada”. Es decir, los fondos enviados a los municipios solamente se pudieron utilizar para el rubro educación, situación que cambió en 2010 cuando finalizó la vigencia de la ley.

Por ello, durante el año 2011 los fondos de transferencias del sistema de coparticipación argentino “podían seguir siendo usados para la función educación, pero también para cualquiera de las otras múltiples funciones de los estados provinciales: salud, seguridad, servicios de la deuda, etc.”, explican Argañaraz y Barraud. Al terminar la condicionalidad de los fondos, se incrementó el monto de la coparticipación propiamente dicha y los municipios se vieron favorecidos financieramente.

Ahora bien, para este año se volvió a implementar la LFE, junto al Presupuesto nacional 2012, lo que puso fin al gasto librado al criterio de cada municipio. Por ello, en comparación con el año pasado, el monto global de la coparticipación “de libre disponibilidad” efectivamente disminuyó.

“Sí, es cierto. Estos recursos ellos los tenían presupuestados y no los van a tener más”, reconoció Silvina Batakis a radio El Mundo. “Pero no es que van a recibir menos recursos de los que recibieron el año pasado. Esto es plata que nos queda en la Provincia, y que la Provincia tiene la obligación y el compromiso de distribuirlo entre todos los municipios a través de los educandos”, agregó.

Los vaivenes presupuestarios se deben, según Batakis, a que durante 2011 no hubo ley de presupuesto: “El año pasado, como el Gobierno no tuvo ley de presupuesto, los municipios recibieron de forma plena los recursos de coparticipación. En una década, si querés, lo que va a suceder es que el año pasado va a ser la excepción de toda esta serie”.

La polémica estalló cuando el diario La Nación publicó una nota el domingo 18 de marzo informando que el Gobierno nacional redujo para este año los fondos coparticipables, estimados en 900 millones de pesos.

“Todo es mentira”, sentenció el Jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez. “No es verdad, porque van a haber más fondos para los municipios, porque va a crecer en las estimaciones presupuestarias un 17%, son 1.400 millones de pesos”, detalló.

Durante el año pasado, la provincia de Buenos Aires giró $ 11.538.057.278 a las comunas, 35% más que en 2010. El 25 de enero, fuentes del gobierno de Daniel Scioli afirmaron que este año esa suma se incrementaría, llegando al 17% de su presupuesto.

La coparticipación en perspectiva
No obstante que en términos globales la coparticipación a los gobiernos locales no haya disminuido, los cambios señalados provocaron un desajuste en los balances municipales. Ello se traduce en problemas concretos para pagar sueldos y efectivizar aumentos salariales. Desde varios municipios señalan que el problema de fondo no es sólo “de números”, sino las responsabilidades crecientes que deben afrontar.

Alejandro López Accotto, economista e investigador de la Universidad de General Sarmiento, señala: “Sin duda, en los últimos 20 años las responsabilidades reales –más que las funciones legales– de los municipios se han incrementado. En los ‘70 y principios de los ‘80 se transfirieron algunas funciones (parques, lagunas, playas, viveros, hospicios) pero el mayor crecimiento de sus gastos se vincula con demandas ciudadanas más que con funciones descentralizadas, en materia de salud, seguridad, empleo, participación, control, género, etc.”. Sin embargo, “mientras las responsabilidades aumentan, la posibilidad de generar recursos propios está limitada por la imposibilidad de cobrar impuestos”, explica.

Para buscar una solución a la problemática, Daniel Scioli mantuvo reuniones con intendentes oficialistas de la primera y tercera sección electoral. La idea es encontrar alternativas que permitan compensar el impacto que ocasiona la implementación de la LFE y el cambio en el CUD. Además, los intendentes agrupados en la Región Metropolitana Norte (RMN) acordaron una reunión con el gobernador. “Trataremos una serie de temas, entre los que estará la coparticipación”, señaló el intendente de Vicente López, Jorge Macri, durante la última reunión de la RMN.

Pero, como señala Germán Lodola, que investiga temas de federalismo fiscal y carreras políticas subnacionales en la Universidad Torcuato Di Tella, “solución a largo plazo, no hay. Los municipios no son entes federados y no pueden generar recursos propios. No tienen capacidad para generar impuestos propios, salvo con tasas como Alumbrado, Barrido y Limpieza.”

Los varios millones de pesos que dejaron de recibir despertaron la creatividad e imaginación de los jefes comunales, que ya estudian la creación de nuevas tasas: un canon por derecho del espacio aéreo a las empresas de telefonía celular y televisión digital; ampliar el cobro del impuesto de la Patente Automotor; o un impuesto porcentual a las estaciones de servicio de por cantidad de venta. Y también la Provincia piensa en nuevos impuestos para repartir entre las jurisdicciones afectadas. (Informe Digital Metropolitano).

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