Es que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional desde 1999, la legislación vigente en esta materia no obliga a los funcionarios de los poderes del Estado a presentar regularmente sus declaraciones juradas.
En ese marco, legisladores de la oposición bonaerense respondieron las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández acerca de la falta de declaración jurada del gobernador Daniel Scioli, y le pidieron a la mandataria que instruya a diputados y senadores del oficialismo para que acompañen los proyectos que buscan regular la declaración de los bienes.
Mediante una carta abierta, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Walter Martello, le dijo a Cristina Fernández que “el régimen de presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos en la provincia de Buenos Aires es un decreto de la dictadura militar”.
El diputado de la CC recordó que desde su bancada presentaron un proyecto para actualizar esa norma, “convencidos que no es posible a esta altura de la vida política del país y de esta provincia en particular, que perduren normas jurídicas de facto”.
Proyectos
Ante esto, sostuvo que “en el año 2007 presenté mi primer proyecto al respecto. Hace 6 años”, y sostuvo que hasta el momento no tuvo tratamiento. Por ello, sugirió que “instruya a los legisladores provinciales de su partido para darle tratamiento en Buenos Aires a algunos de los expedientes que nos permitiría dar plena vigencia a la publicidad de los actos de gobierno y de las acciones de los funcionarios”.
Por su parte, el senador del FAP, Ricardo Vázquez, autor del proyecto que impone a funcionarios públicos presentar declaración jurada de bienes en la Provincia, acusó al oficialismo de demorar la sanción de la iniciativa.
El senador explicó que su proyecto “es una serie de normas que impone a los funcionarios un régimen de declaraciones juradas para evitar que haya intereses personales entre lo público y lo privado”.
Vázquez señaló que su iniciativa “no avanza porque es un tema que, a veces, los funcionarios públicos le escapan porque puede molestar a más de uno. El proyecto, en sí mismo, no garantiza que no va a haber corrupción pero establece una serie de pautas”.
“Interes legitimo”
En efecto, la legislación que regula esta materia en la Provincia data de un decreto ley del año 1980 que establece el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios.
Fue reglamentado en 1990 con un artículo que dispone que esa información puede ser suministrada a quienes demuestren un “interés legítimo” en acceder a ella.
Luego, en el año 2000, la Provincia dispuso un procedimiento para obtener la información, a través de una solicitud formal que debe ser presentada por escrito en la Escribanía General de la Gobernación, donde se analiza si responde a ese criterio de “interés legítimo”.
Igual reglamentación se estableció en los últimos tiempos para el acceso a datos sobre sociedades en la Inspección General de Justicia de la Provincia.
Con todo, durante su mandato, el ex gobernador Felipe Solá y los ministros que integraban su gabinete presentaron sus declaraciones juradas de bienes. (Política Tandil).
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