En los últimos días asaltaron y maniataron a la jueza platense Claudia Greco por un ajuste de cuentas. El caso se suma a otros hechos que sufrieron diferentes magistrados a raíz de sus resoluciones y pone bajo la lupa la seguridad de los judiciales y cómo eso repercute en su trabajo. Opinanan a Diario Judicial el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, Rodrigo Cataldo, y el juez penal de Necochea, Mario Juliano
Esto es un ajuste de cuentas. Vos metiste en cana a mi hermano y necesitamos plata para pagar al abogado", fueron las palabras de los delincuentes que sorprendieron en su domicilio a Claudia Greco, titular del Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata, donde la maniataron y se llevaron una importante suma de dinero y objetos de valor.
Greco no es la primera magistrada en sufrir un hecho de violencia por sus resoluciones. En agosto del año pasado, la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, fue amenazada con una granada luego de emitir un fallo que suspendió los aumentos de la luz en todo el país.
Lo mismo sucedió con el Fiscal Fernando Cartasegna, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Plata que apareció golpeado en su despacho con una leyenda que decía "Nisman" por investigar una causa que se desprende del pago de coimas de la policía bonaerese.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hizo público su rechazo a quienes pretenden impunidad por la vía de la violencia y expresaron que "no puede minimizarse el creciente número de agresiones que sufren funcionarios y magistrados, originados en el cumplimiento de las responsabilidades que les fueran confiadas por los ciudadanos".
Rodrigo Cataldo, presidente de dicha institución dialogó en exclusiva con Diario Judicial y sostuvo que cualquier ataque a un funcionario por su desempeño es un hecho de suma gravedad institucional y que, si bien no existe una legislación que así lo exprese, se debe poner foco en la custodia de los magistrados que atienden causas complicadas.
Cataldo agregó que se deben implementar protocolos para asegurar el bienestar de los funcionarios y que la custodia o diferentes medidas de seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, debería llegar antes que el hecho de violencia este consumado. Afirmó que hoy todos los magistrados están expuestos y que los altos niveles de inseguridad de la sociedad se trasladan también a los tribunales.
Jueces sin tanta compañía
En contra de esa mirada, Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Necochea y director de la Asociación de Pensamiento Penal, sostuvo que los judiciales no deberían tener un tipo de seguridad especial, salvo situaciones excepcionales que se desprendan del propio ejercicio de la profesión.
Juliano resaltó que los jueces deberían evitar tener cualquier tipo de privilegios frente a los ciudadanos, a pesar que ya lo tienen como, por ejemplo, no pagar impuestos a las ganancias. Una custodia permanente solo ayudaría a "ahondar las diferencias que ya existe entre el Poder Judicial y el resto de la sociedad".
El juez nechocense añadió que la custodia sólo se justifica ante un riesgo real y concreto por el ejercicio de las funciones y que debe ser "acotada, proporcional y justificada".
Por el momento, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires no se pronunció sobre los hechos de violencia que viven los funcionarios judiciales. (Diario Judicial).
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